Los contratos de arrendamiento de vivienda ante el estado de alarma causado por la Covid-19

En la situación excepcional en la que nos encontramos, las novedades legales se suceden a un ritmo elevado. Las medidas aprobadas en materia de alquileres que vamos a sintetizar son las vigentes a principios de abril, pero es posible que cambien en los próximos días.

¿Qué dice el decreto ley?

En el momento actual, en materia de alquiler de vivienda, las novedades aprobadas por el gobierno las podemos encontrar en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo.

Hay que destacar que las medidas solo serán de aplicación en los siguientes casos:

  • Para los arrendatarios que se encuentren, con motivo de la situación causada por el Covid-19, en una situación de vulnerabilidad económica y sin alternativas habitacionales. Es decir:
    • Que la persona pierda el empleo o sufra un ERTE que suponga una pérdida considerable de ingresos para la unidad familiar.
    • Que la renta de alquiler así como los suministros básicos, supongan un 35% o más de los ingresos netos de la unidad familiar y que no disponga de ninguna vivienda a su nombre.
  • Para los arrendadores o propietarios que sean:
    • “Grandes tenedores”, es decir propietarios de al menos diez inmuebles urbanos o de una superficie construida de más de 1.500 m2; y
    • Empresas o entidades públicas de vivienda.

¿Qué se tiene en cuenta para poder otorgar la ayuda a un inquilino?

Para considerarse vulnerabilidad económica (debida a pérdida de ingresos), el propio decreto establece que la unidad familiar, en el mes previo a la solicitud, no supere el triple del valor del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples)

¿Qué es el IPREM?

El IPREM mensual es de 537,84€, siendo así que el importe máximo de ingresos para el reconocimiento de la situación será de 1.613,52€. Por cada hijo o persona mayor de 65 años dentro de la unidad familiar, así como en situaciones de discapacidad reconocida, esta cuantía se verá aumentada.

Si cumplo requisitos, ¿qué tengo que hacer?

En caso de que el arrendatario cumpla las condiciones anteriores deberá acreditarlo.

Ante la solicitud del arrendatario, el arrendador podrá optar por dos opciones, debiendo comunicar al arrendatario en un plazo máximo de una semana por cuál se decanta, siendo estas:

  1. Reducción del 50% de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades posteriores hasta que la situación de vulnerabilidad del arrendatario mejore, por un máximo total de cuatro mensualidades.
  2. Aplazamiento y fraccionamiento del pago de la renta correspondiente al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y mensualidades siguientes hasta que la situación de vulnerabilidad del arrendatario mejore, por un máximo total de cuatro mensualidades. La renta aplazada será devuelta por el arrendatario en cuotas durante al menos los siguientes tres años, a contar desde la mejora de su situación o desde la finalización del plazo máximo de cuatro meses, y siempre dentro del plazo de duración del contrato. A los importes a devolver por el arrendatario no se podrán aplicar intereses ni penalizaciones.

¿Y si no cumplo con los requisitos?

Si el arrendador no cumple los requisitos de un “gran tenedor”, el inquilino dispondrá igualmente de un plazo de un mes, es decir, hasta el próximo 2 de mayo de 2020, para solicitar el aplazamiento temporal del pago de la renta.

El arrendador tendrá siete días para responder a la solicitud comunicando al inquilino si acepta las condiciones del aplazamiento propuesto o bien las alternativas que proponga. En caso de que el arrendador o propietario no acceda a ningún acuerdo de aplazamiento, el arrendatario podrá solicitar las ayudas transitorias de financiación establecidas por el gobierno.

¿Y si mi contrato de alquiler finaliza durante el estado de alarma?

Se ha establecido una prórroga legal extraordinaria de seis meses para todos aquellos contratos de arrendamiento de vivienda habitual que finalicen durante el estado de alarma, desde el 2 de abril 2020 (entrada en vigor del decreto ley) y hasta dos meses después de que acabe, siempre que lo solicite el arrendatario. Durante esta prórroga extraordinaria se deberán mantener las condiciones previas del contrato.

¿Se puede desahuciar a un inquilino?

Los procedimientos de desahucio que puedan derivarse de situaciones de vulnerabilidad económica de los arrendatarios, causadas por el estado de alarma, podrán verse suspendidos temporalmente hasta un máximo de seis meses, hasta que los servicios sociales puedan tomar las medidas oportunas.

Soy propietario y también estoy en una situación vulnerable, ¿qué hago?

Si el arrendador o propietario se encuentra también en una situación de vulnerabilidad económica podrá acreditarlo ante los tribunales para que se tome en consideración al establecer el plazo de suspensión del lanzamiento (desahucio).

¿Qué es lo más recomendable hacer ante la situación del COVID-19 en alquileres?

En todo caso y a la vista de la situación actual, lo más recomendable es llegar a un acuerdo entre las partes que reparta, en la medida de lo posible, la carga económica de una situación tan excepcional como esta.

En Cuatrecasas trabajamos, también en el estado de alarma, de la mano del equipo de Badi para garantizar la tranquilidad de todos los usuarios que, a través de su app, deciden alquilar una habitación de manera segura y transparente.